Garantía de una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
En particular, en este objetivo se establece que se deben “eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad” (ODS, 4.5). En este sentido, se establece como principal objetivo “Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos” (ODS 4.a).
La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) establece que los Estados deben asegurar un “sistema de educación inclusivo a todos los niveles para las personas con discapacidad” (artículo 24), como un derecho fundamental de un modelo educativo de calidad compartido por estudiantes, con y sin discapacidad, que reconozca el valor de la diferencia y apoye a todo el alumnado para conseguir su máximo desarrollo. En este mismo sentido, la CDPD dispuso que los Estados tienen el deber de asegurar “que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás”, asegurando que se realicen ajustes razonables (artículo 24.5).
En resumidas cuentas, la universidad inclusiva es aquella que incorpora la diversidad en todos los espacios de su actividad, como una exigencia de calidad. Lograr una educación universitaria de calidad sólo será posible si la comunidad universitaria ejercita, de modo transversal, los principios fundamentales de la igualdad de oportunidades y la inclusión haciendo realmente efectivo el concepto de atención a la diversidad.
La Universidad de Valladolid cuenta con una Unidad de Atención a Personas con Discapacidad con el objeto de facilitar la inclusión y mayor autonomía posible de las personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. Esta Unidad tiene su sede y está integrada en el Secretariado de Asuntos Sociales.
La Unidad promueve y canaliza acciones encaminadas a la superación de los obstáculos que dificulten o impidan el acceso y el desenvolvimiento en el ámbito universitario de las personas con discapacidad, desde el principio de la igualdad de oportunidades. Se constituye como recurso universitario de acceso, información, orientación y de apoyo técnico a la tramitación de las solicitudes de las personas con discapacidad que forman parte de la comunidad universitaria.
Los principales objetivos de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad en la Universidad de Valladolid son:
La Universidad de Valladolid, junto a la ONG ADEPU, llevan a cabo una labor formativa en Ghana cumpliendo así con los principios de Cooperación Universitaria al Desarrollo. Los estudiantes de la UVa pueden, de este modo, participar en un programas de prácticas internacionales de cooperación educativa al desarrollo que utiliza la metodología del aprendizaje-servicio en una escuela situada en Larabanga, al norte de Ghana. De este modo, a la vez que se inician en la experiencia docente, intercambian conocimiento pedagógico con el profesorado nativo y contribuyen a la creación de sinergias positivas. La importancia de este Proyecto de Innovación Docente se muestra en un contexto en el resulta necesario el compromiso dirigido al desarrollo social de los pueblos del llamado “Tercer Mundo” a través de la educación.
Pese a que se reportan avances en este tema, sobre todo al compararlo con las metas alcanzadas en los ODM, la ONU destaca que más de la mitad de los niños que no están matriculados en la escuela vive en África Subsahariana, lo que la convierte en la región con mayor número de niños sin escolarizar de todo el mundo; región que además, tiene una población muy joven, por lo que en 2030 tendrá que proporcionar educación básica a 444 millones de niños de 3 a 15 años, que es 2,6 veces el número de alumnos matriculados a día de hoy.
Además, persisten aun la discriminación y difícil acceso de las niñas a la educación específicamente en mujeres y niñas quienes sufren discriminación de género.
Asimismo, la pobreza de las familias continúa siendo una barrera a la educación debido a la pérdida de ingresos para el núcleo familiar que ello puede representar en términos de materiales escolares o bien de fuerza de trabajo.
El marco jurídico de la educación sigue siendo deficiente en cuanto que no en todos los países se exige educación obligatoria o “gratuita”. En la misma línea, se estima que 50 millones de niños no son empadronados al nacer, y de ellos la mayoría son niñas por lo que (en muchos países) la falta de certificación de nacimiento puede impedirle que se escolarice o que pase exámenes de grado.
Además. Siguen siendo las niñas más vulnerables al momento de desplazarse a la escuela o bien, dentro de las misma escuela por recibir violencia física o sexual, acoso; incluso no existen instalaciones de higiene o saneamiento adecuadas en los edificios escolares o cerca de éstos
Por otro lado, los menores que se hallan en situaciones de crisis e inestabilidad a menudo no pueden ejercer su derecho a la educación, precisamente en unos momentos en que más necesita la práctica de la escolarización.
Es importante que los estados continúen incluyendo en sus políticas la importancia de la educación en el gasto público. La UNESCO en el 2014 destacó que el progreso y desarrollo económico de Latinoamérica desde el año 2000 se tradujo en un aumento leve del gasto público en educación, de 4,38 % del producto interno bruto (PIB) en 2000 a 4,9 % en 2012 pero rescatando que: “aunque más por una expansión del gasto fiscal que por dar una mayor prioridad a la educación dentro del gasto público”.
Solicitar a los gobiernos que den prioridad a la educación en las políticas y las prácticas junto con la asunción de un firme compromiso de proporcionar enseñanza primaria gratuita para todos, especialmente para los grupos vulnerables o marginados. |
Elaborar políticas comprometidas con el derecho a la educación gratuita y universal. Gestionar políticas de apoyo para educación en comunidades vulnerables y rurales asegurando las facilidades necesarias para que los niños y niñas puedan asistir sin dificultades. Resguardar la importancia de sostener un presupuesto público sostenible y razonable para la educación pública. |
Desarrollar en sus políticas de RSE campañas que promuevan la inversión de recursos en el desarrollo de centros educativos y en la elaboración de herramientas pedagógicas compatibles con las necesidades educativas de la población. |
Incentivar la investigación de propuestas y metodologías de enseñanza y aprendizaje apoyadas en las TICs, la globalización, la interculturalidad y con enfoque en temas de género y/o comunidades más vulnerables.
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