Este ODS busca la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. En concreto, sus metas son las siguientes:
La corrupción, la escasa voluntad política, la conformación de bloques de poder con estructuras militares y la creciente tensión política y social generada por grupos terroristas, atentan contra la idea de sistemas de paz y justicia sólidas. Además la indiferencia social en muchos estratos de la población implica una sociedad que tiende a callar las injusticias sociales.
Por otro lado, los organismos internacionales no promueven una participación real de los países del Sur, acorde a sus necesidades y entornos; si no que más bien concentran el poder y toman las decisiones que otros asumen sin tener un participación plena en los procesos de negociación y toma de decisiones.
El poco control gubernamental de algunos estados sobre empresas multinacionales que se dedican a la manufactura a través de la explotación laboral de mujeres y niños no asegura un mejor futuro para quienes ven en estas empresas su única opción.
De manera general, este objetivo no podrá ser alcanzado hasta que se asegure un estado de derecho con capacidad inclusiva de todos los sectores de la población, que reduzca la desigualdad, la corrupción, la exclusión social y todas las formas de corrupción que acechan a la sociedad.
Fomento de programas de concientización social sobre las problemáticas sociales y promoción de acciones específicas para luchar contra situaciones de discriminación, desigualdad, exclusión entre otros.
Fomentar la buena gobernabilidad a través de procesos de decisión más participativos, cero tolerancia a la corrupción, lucha contra el crimen organizado y fomento de resolución pacífica de conflictos.
Garantizar procesos de manufactura acordes con los derechos humanos.
Establecer alianzas público privadas que permitan actuar conjuntamente con el Estado en la búsqueda de un bien común que integre a la sociedad.
Fomentar estudios de gobernabilidad y proponer alternativas para una mejor gestión de políticas públicas.